La Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Fiscalía retirara su solicitud para que la expresidenta cumpla su condena de seis años de prisión en un establecimiento penitenciario, en el marco de la causa Vialidad.

La decisión se conoció antes de la audiencia convocada por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que tenía por objetivo analizar las condiciones de la detención domiciliaria que Kirchner cumple en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Durante la audiencia, los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), las cuales limitan las visitas en el domicilio únicamente a familiares, abogados y médicos, sin requerir autorización judicial. Además, solicitaron que se le retire la tobillera electrónica que monitorea la medida.

Según la defensa, estas limitaciones afectan el derecho de la exmandataria a una vida familiar y social digna, e impiden el normal desarrollo de reuniones con contadores y apoderados necesarias para la gestión de sus asuntos personales y administrativos.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían argumentado en presentaciones previas que la domiciliaria constituía un “privilegio” que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Afirmaron que la gravedad de la condena por corrupción pública amerita que la pena sea cumplida en una cárcel, más aún cuando no existen razones humanitarias ni problemas de salud que lo impidan.

De hecho, citaron un informe socioambiental del 12 de junio, que señala que la exvicepresidenta se encuentra en buen estado de salud, lo cual –a su juicio– invalida la excepción.

Con el retiro de la apelación por parte de la Fiscalía, la medida de prisión domiciliaria queda ratificada, aunque se esperan definiciones sobre posibles modificaciones en las condiciones actuales.